180 países suspenden los Derechos Humanos
Al menos 14 países cumplen los derechos fundamentales aunque el riesgo de vulnerar dichos derechos son muy bajos. Canadá, Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Reino Unido, Estonia, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suiza, Austria y Eslovenia son los países que están en el límite de no respetar los derechos humanos. Cabe destacar que España es uno de los países que sí vulnera los DDHH pero sobre todo se debe a los recortes que se ha realizado en los últimos años.
Los recortes en Educación, Sanidad y Políticas Sociales van contra los derechos humanos. Así lo ha expresado el Consejo de Europa, ya que, según un informe internacional presentado por el comisario de esta materia, Nils Muiznieks, la austeridad "ha conducido al preocupando incremento de la pobreza en las familias españolas", produciéndose "repercusiones desfavorables en el desfrute de los derechos humanos". Los más perjudicados por esta situación, señala el comisario, son los niños, los jóvenes y los discapacitados, y pide para ellos una "protección especial".
África es uno de los continentes donde menos se respetan los derechos humanos y más se vulneran los de las mujeres, según Amnistía Internacional.
En el continente negro, los conflictos bélicos, la omnipresente pobrezay los abusos de las fuerzas de seguridad y grupos armados dificultan gravemente la vida cotidiana de millones de personas, reportó AI.
En el caso de los países del norte de África y de Oriente Medio, la imagen que pinta la ONG es relativamente optimista, puesto que, en su opinión, si bien quedan "desafíos por delante" en materia de libertad de expresión, se derrocó lo que denomina "dictadores".
Pero en el resto del continente, queda al descubierto "la debilidad de los mecanismos tanto regionales como internacionales de derechos humanos, paz y seguridad".
AI destacó los abusos sufridos por la población civil de países en cruda crisis, como Mali, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo, a manos tanto de las fuerzas de seguridad como de los grupos armados que proliferaban en el país, o de las facciones armadas que luchaban por el poder.
En el mismo plano, AI denunció la crisis humanitaria que provocó más de 200.000 refugiados entre Sudán y Sudán del Sur y la violencia desatada contra los civiles por la secta salafista Boko Haram en Nigeria y las fuerzas de seguridad que la reprimieron incluso desde el aire.
La ONG cargó también contra el accionar policial que aplastó con fusiles de asalto una mina en Marikana, Sudáfrica, provocando más de treinta muertos.
Las mujeres y las niñas africanas seguieron estando especialmente expuestas a la discriminación y la violencia de género, mientras la violencia intrafamiliar era generalizada, al igual que la violencia promovida por el Estado y relacionada con los conflictos.
AI señaló específicamente casos de violencia sexual contra las mujeres, tanto tradicional o por conflictos bélicos, en Mali, Chad, Sudán o la República Democrática del Congo.
Cuba, Honduras y Venezuela, los peores de América
Amnistía Internacional acusó a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua como países donde se violan derechos humanos de niños, mujeres, indígenas, activistas humanitarios o ecologistas. "En Guatemala los abusos alcanzaron niveles no vistos en muchos años", afirma la organización.
Entre los principales víctimas de las violaciones figuraron personas que demandaron el fin de la impunidad de los responsables de masacres y otras atrocidades cometidas durante el pasado conflicto armado de 36 años (1960-96), y también defensores de derechos humanos, personal judicial, periodistas y defensores de comunidades indígenas.
El informe denuncia amenazas, intimidaciones y ataques contra mujeres que buscan a familiares desaparecidos o luchan por conseguir reparaciones ante los atropellos de derechos humanos sufridos durante el conflicto.
Recuerda en 2003 los defensores de los derechos humanos llamaron la atención sobre los alarmantes niveles que ha alcanzado la violencia tras el fin de la guerra, incluidos casos de violencia doméstica y la muerte de cientos de mujeres que fueron víctimas de varias formas de agresión sexual antes de ser asesinadas.
Menciona la impunidad en que se mantienen los responsables de graves abusos cometidos durante el conflicto armado, así como la reiteración de linchamientos de sospechosos, cometidos generalmente por comunidades frustradas por una inadecuada aplicación de la justicia.
En el caso de El Salvador, AI resalta que el gobierno falló en el combate de la impunidad, pues responsables de violaciones de derechos humanos durante la pasada guerra civil (1980-92) no fueron llevados ante la justicia, en tanto defensores de los derechos humanos fueron amenazados y atemorizados.
Además, señala que "hubo persistentes reportes sobre violencia contra mujeres y niños, y se introdujo nueva legislación que viola tanto la Constitución salvadoreña como tratados internacionales de derechos humanos".
En enero el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas reportó falta de progreso de parte del gobierno en la investigación de más de 2.000 casos pendientes, y que el gobierno no entregó información al Grupo.
Afirma que la Asamblea Legislativa salvadoreña no apoyó esfuerzos de familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales para crear un comité nacional de búsqueda de niños desaparecidos.
Paralelamente, destaca el éxito alcanzado por la organización Pro-Búsqueda, creada por familiares de niños desaparecidos, en la reunificación de algunos menores con sus familias biológicas, lo que aportó fuerte evidencia sobre las violaciones y el hecho de que muchos de aquellos niños están aún vivos.
Hubo numerosos informes sobre violencia física y psicológica contra mujeres y niñas dentro del hogar y la comunidad.
En los primeros meses de 2003 varias mujeres fueron asesinadas, decapitadas y sus cuerpos mutilados lanzados en diferentes sitios, señala el informe de AI, y lamenta que en la única investigación iniciada contra uno de los presuntos asesinos, no se habían presentado aún cargos contra el sospechoso.
Reseña que las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron oposición a la llamada ley "anti-maras" (anti-pandillas) creada en octubre pasado, por violar la Constitución y los tratados internacionales de los que El Salvador es parte.
En cuanto a Honduras, AI reporta el asesinato o amenazas y amedrentamiento de indígenas, defensores de derechos humanos o activistas del medio ambiente.
Entre otros menciona los asesinatos en julio del ambientalista Carlos Arturo Reyes, y en noviembre del periodista de televisión Germán Antonio Rivas, quien había investigado daños ambientales en Santa Rosa de Copán (oeste) por una compañía minera.
En Nicaragua, AI resalta que miembros de la Policía Nacional fueron involucrados en el maltrato a personas bajo su custodia, y que la imagen de la institución fue empañada por el involucramiento de algunos oficiales en actividades ilegales incluido el tráfico de drogas.
Casos de violación de niñas, de hasta siete años de edad, por parte de familiares, así como la violación y embarazo de una niña de nueve años (que fue abusada en Costa Rica y llevada por sus padres a Nicaragua) provocó un debate nacional sobre la violencia contra las niñas y sus derechos reproductivos, consigna el documento.
El informe denuncia amenazas, intimidaciones y ataques contra mujeres que buscan a familiares desaparecidos o luchan por conseguir reparaciones ante los atropellos de derechos humanos sufridos durante el conflicto.
Recuerda en 2003 los defensores de los derechos humanos llamaron la atención sobre los alarmantes niveles que ha alcanzado la violencia tras el fin de la guerra, incluidos casos de violencia doméstica y la muerte de cientos de mujeres que fueron víctimas de varias formas de agresión sexual antes de ser asesinadas.
Menciona la impunidad en que se mantienen los responsables de graves abusos cometidos durante el conflicto armado, así como la reiteración de linchamientos de sospechosos, cometidos generalmente por comunidades frustradas por una inadecuada aplicación de la justicia.
En el caso de El Salvador, AI resalta que el gobierno falló en el combate de la impunidad, pues responsables de violaciones de derechos humanos durante la pasada guerra civil (1980-92) no fueron llevados ante la justicia, en tanto defensores de los derechos humanos fueron amenazados y atemorizados.
Además, señala que "hubo persistentes reportes sobre violencia contra mujeres y niños, y se introdujo nueva legislación que viola tanto la Constitución salvadoreña como tratados internacionales de derechos humanos".
En enero el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas reportó falta de progreso de parte del gobierno en la investigación de más de 2.000 casos pendientes, y que el gobierno no entregó información al Grupo.
Afirma que la Asamblea Legislativa salvadoreña no apoyó esfuerzos de familiares de las víctimas y organizaciones no gubernamentales para crear un comité nacional de búsqueda de niños desaparecidos.
Paralelamente, destaca el éxito alcanzado por la organización Pro-Búsqueda, creada por familiares de niños desaparecidos, en la reunificación de algunos menores con sus familias biológicas, lo que aportó fuerte evidencia sobre las violaciones y el hecho de que muchos de aquellos niños están aún vivos.
Hubo numerosos informes sobre violencia física y psicológica contra mujeres y niñas dentro del hogar y la comunidad.
En los primeros meses de 2003 varias mujeres fueron asesinadas, decapitadas y sus cuerpos mutilados lanzados en diferentes sitios, señala el informe de AI, y lamenta que en la única investigación iniciada contra uno de los presuntos asesinos, no se habían presentado aún cargos contra el sospechoso.
Reseña que las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil expresaron oposición a la llamada ley "anti-maras" (anti-pandillas) creada en octubre pasado, por violar la Constitución y los tratados internacionales de los que El Salvador es parte.
En cuanto a Honduras, AI reporta el asesinato o amenazas y amedrentamiento de indígenas, defensores de derechos humanos o activistas del medio ambiente.
Entre otros menciona los asesinatos en julio del ambientalista Carlos Arturo Reyes, y en noviembre del periodista de televisión Germán Antonio Rivas, quien había investigado daños ambientales en Santa Rosa de Copán (oeste) por una compañía minera.
En Nicaragua, AI resalta que miembros de la Policía Nacional fueron involucrados en el maltrato a personas bajo su custodia, y que la imagen de la institución fue empañada por el involucramiento de algunos oficiales en actividades ilegales incluido el tráfico de drogas.
Casos de violación de niñas, de hasta siete años de edad, por parte de familiares, así como la violación y embarazo de una niña de nueve años (que fue abusada en Costa Rica y llevada por sus padres a Nicaragua) provocó un debate nacional sobre la violencia contra las niñas y sus derechos reproductivos, consigna el documento.
Las disidentes cubanas "Damas de Blanco" sufrieron hoy un duro hostigamiento por parte de seguidores del Gobierno de la isla cuando intentaban congregarse en un concurrido punto de La Habana para iniciar una caminata por el "Día Internacional de los Derechos Humanos".
Al menos veinte "Damas de Blanco", que fueron llegando al lugar en pequeños grupos, fueron desalojadas del lugar e introducidas en varios coches policiales y otros vehículos en medio del acoso de una numerosa turba oficialista que les gritaron consignas en favor de la revolución cubana e insultos como "ratas inmundas" y "mercenarias".
Este acto de hostigamiento tuvo lugar en la céntrica esquina de la avenidas 23 y L, a las puertas del cine "Yara", donde las "Damas de Blanco" pretendían realizar una marcha para denuncia la situación de los derechos humanos en el país.
Corea del Norte, en alerta roja
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que los delegados acordaron establecer una comisión de investigación para examinar lo que calificó como "graves, generalizadas y sistemáticas"violaciónes de los derechos humanos en Corea del Norte.
Muchos de los supuestos actos "pueden constituir crímenes de lesa humanidad", según el autor del informe, Marzuki Darusman, un abogado indonesio.
Pyongyang ha aumentado su retórica con amenazas a Washington y Seúl a diario. Los ejercicios anuales militares conjuntos de EU y Corea del Sur de este mes han alimentado la ira de Corea del Norte.
Como era de esperar, el representante de Corea del Norte en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, So Se Pyong, se indignó sobre la iniciativa de establecer la comisión de investigación.
El proyecto de resolución sobre la materia, aprobado por el consejo sin voto "no es más que un instrumento que sirve a los propósitos políticos de las fuerzas hostiles en su intento de desacreditar la imagen de la RPDC", dijo So, utilizando la forma abreviada del nombre oficial de Corea del Norte, la República Democrática Popular de Corea.
Advirtió de "consecuencias serias" si el consejo sigue adelante con la investigación.
Los ciudadanos de Corea del Norte están "contentos con el orgullo y el honor que tienen uno de los mejores sistemas de promoción y protección de los derechos humanos en el mundo", dijo al consejo, según la ONU.
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